“El juez no tomó en cuenta ningún argumento de la defensa y lo más triste que vimos ayer es que, cuando termina el debate, él ya tenía la resolución hecha. Yo creo que esa resolución se la entregaron del Tercer Piso, porque lo normal era que hubiera declarado un periodo de receso para elaborar la resolución; saca la resolución y la lee (…) Por supuesto que vamos a impugnar”, enfatizó, ya que se también se demostró que el 50’por ciento de las facturas fueron canceladas, situación que tampoco fue tomada en cuenta por el juez.
Indicó que se les demostró que no había manera ni justificación para vincularlo a él y al Comité porque, en el periodo de junio a diciembre del 2021, se pagaron un millón 160 mil, mientras que en todo el año 2022 fueron un millón 104 mil, por debajo del monto a licitar.
“Les demostramos el día de ayer que en mi periodo no se ha rebasado la cifra que ellos dicen de (…) millones para licitar porque la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento del Estado de Sinaloa establece claramente que los productos perecederos no están obligados a licitarse”, dijo, agregando además que el juez no tomó en cuenta el Decreto Presidencial sobre el COVID-19, que también permite la compra de estos productos sin licitarse.