En la Sala A de la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral la Fiscalía, a pesar de su insistencia, no pudo acreditar el citado conflicto de intereses y tampoco el impedimento de los representantes legales, ya que la defensa de la Universidad argumentó oral y documentalmente que los cargos que se estaban poniendo en tela de juicio fueron otorgados por el máximo órgano de Gobierno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el H. Consejo Universitario y no por el Rector ni por los abogados de mutuo propio.
Al salir de la audiencia que inició a las 9:11 y culminó a las 11:39 el abogado Robespierre Lizárraga Otero, compartió que el Juez tuvo a bien tomar la decisión correcta y apegada a derecho para que la UAS, como parte ofendida en el cuadernillo 886, acuda con la debida representación legal y asesoría jurídica a las audiencias.
“Tengo que reconocer que las aseveraciones que nuestro Asesor Legal, precisamente por su calidad y conocimiento del derecho en general y la Legislación universitaria, su funcionamiento y naturaleza, permitió orientar al Juez para una correcta decisión apegada a derecho”, dijo Lizárraga Otero al confirmar que como cualquier abogado deberán actuar apegados a derecho en defensa y velando siempre los intereses de la institución.
Consideró que esta resolución “es un paso adelante más” en la defensa de la Autonomía Universitaria, donde todo este tema tiene su origen, y genera confianza sobre el Asesor legal que aportó la mayor cantidad de elementos para que el Juez tomara la decisión apegada de derecho, de no haber ocurrido así se hubiera tenido que invocar que fuera resuelto por instancias federales.
Señaló que les llamó la atención la resolución del Juez porque les preocupaba el actuar faccioso que han tenido la Fiscalía y el Poder Judicial en otras audiencias, como es el hecho de que el 21 de julio se le haya tomado protesta a Bonilla Rojas como Asesor legal y el 23 de agosto no se hace en un cambio de criterio no fundamentado.
Afirmó que el argumento de mayor peso presentado fue el tema de la Autonomía, correctamente desarrollado con amplitud en el sentido de que los nombramientos de los representantes legales y el Asesor jurídico responden a un debido nombramiento de la Universidad y ratificado por la autoridad suprema de la misma que es el Consejo Universitario.
Respondió que salían muy optimistas porque “la Universidad Autónoma de Sinaloa va a tener una correcta y eficiente asesoría legal”.
Por su parte el abogado Bonilla Rojas expresó que su compromiso es el mismo que mencionó el Juez y que marca la Constitución: defender los intereses de la Universidad y de la Ley Orgánica.
“Aun cuando la Fiscalía argumentaba conflicto de intereses a la hora de hacer la argumentación no lo pudo comprobar y lo que sí le pude comprobar al señor Juez es que no había ese conflicto sino que mi nombramiento obedecía a un mandato del Consejo Universitario y creo que parte de la resolución desfavorable para la Fiscalía (…) fue que evidenciaron un desconocimiento de la Ley orgánica de la Universidad, de los estatutos y reglamentos y del funcionamiento interno, cometieron pifias infantiles y graves, eso hizo que el Juez no pudiera otorgarles la razón”, detalló.
Señaló que tiene confianza de que el Juez sostenga su criterio en las siguientes audiencias, y para la audiencia de este jueves 31 de agosto ya se le protestó hoy el cargo.
En cuanto al recurso promovido y admitido de recusación por el actuar irregular y parcial del Juez Adán Alberto informaron que seguirá su trámite.